Asuntos de confidencialidad
La confidencialidad es un término legal, bajo el cual las leyes corporativas se refieren a un grado de privacidad que las compañías pueden disfrutar en orden a mantener cierta información y documentos no divulgados. En muchos países, una lista de directores está disponible públicamente. A primera vista, esto parece ser un requerimiento lógico, ya que puede jugar un rol en la labor empresarial cotidiana —por ejemplo, en la concertación de acuerdos, al empezar nuevas relaciones de negocios o negociar un precio cuando se está cerrando un trato.
Confidencialidad de los directores
Los directores tienen control total sobre una compañía y entran en una relación fiduciaria con ella. Los directores tienen como obligación mantener la confidencialidad de cualquier información que ellos adquieran en virtud de sus posiciones dentro de la corporación. Los servicios de testaferro usualmente le proveen altos estándares de confidencialidad, ya que en algunos países hay muy pocos requerimientos legales para hacer una información pública. Usualmente, en jurisdicciones onshore la junta de directivos es responsable por las actividades de la compañía, así que en caso que la autoridad fiscal tenga alguna duda sobre la legalidad o el programa de optimización impuestos, esto será primeramente cuestionado a nivel de directores.
Confidencialidad de los accionistas
De nuevo, en muchos países, la lista de accionistas está disponible públicamente y también esta información está accesible para instituciones gubernamentales como para entidades privadas. Este es el caso en la mayoría de los países de la Unión Europea donde el registro público de una compañía está en explotación. En cambio, en jurisdicciones de bajos impuestos, los activos personales disfrutan de un gran grado de privacidad, por ende incrementando el nivel de protección de los activos.
Otro asunto de la protección de activos se relaciona exclusivamente con el recibimiento de dividendos. Los dividendos son ingresos imponibles, y la autoridad fiscal podría darse por enterada de los ingresos recibidos y aplicar impuestos.
En concordancia, el dueño beneficiario debería ser cuidadoso de poner sus activos de una manera segura y estar pendiente de todos los registros.
La importancia de la confidencialidad
Desde la perspectiva de la planificación de impuestos, la confidencialidad es importante. Hay una fina línea entre proteger y escoger activos, y este asunto puede ser resuelto consultando con abogados y asesores fiscales profesionales y competentes. Los consultores de impuestos están también destinados a conocer cuál jurisdicción se adapta mejor a su cliente, ya que cada caso puede ser diferente y debería ser examinado individualmente.
Riesgos de la confidencialidad
En muchos países, la ley requiere que declare todos los activos alrededor del mundo, incluyendo propiedades, vehículos, activos de negocios, dinero, acciones, etc. Y en base a esto la autoridad fiscal calculará el pago del impuesto. En España, los no-residentes sólo deben declarar las propiedades y activos en España, y no están facultados a una prestación frente al impuesto al lujo. Quizás como resultado de la crisis en Grecia, ha habido cambios en el sistema de impuestos del país; desde Febrero del 2017, los individuos son obligados a declarar todos los activos muebles e inmuebles, incluyendo el dinero. Además, los contribuyentes deberán registrar cualquier cambio en sus activos cuando estos ocurran.
Intercambio Automático de Información (en inglés The Automatic Exchange of Information)
AEOI (siglas en inglés) es un fórum global sobre la transparencia e intercambio de información a propósito de los impuestos mantenido por la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo). El intercambio automático incluye un reporte común y standard que llama a las jurisdicciones para obtener información de las autoridades fiscales y automáticamente compartir estos datos entre ellos mismos anualmente. Como resultado, AEOI presenta un alto riesgo de violación de confidencialidad y disminuirá la seguridad.
Servicios de testaferro
Los servicios de testaferros fueron introducidos como un mecanismo para garantizar la privacidad y proteger los activos. Ellos ofrecen la ventaja que la declaración de confianza no está disponible al público, por lo tanto los registros oficiales solamente mostrarán los nombres de los testaferros.
Top tres jurisdicciones con altos niveles de protección a la confidencialidad
Las tres principales jurisdicciones para altos niveles de protección de confidencialidad son Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Saint Kitts y Nevis.
Belice
Belice es un pequeño país en la costa este de América Central, al sur de México, anteriormente conocidas como Honduras Británicas. Bajo la disposición de International Business Company (en Inglés IBC) (Compañía Internacional de Negocios) en el acto de 1990, las compañías registradas en Belice están exentas de todos los impuestos e impuestos de timbre en los ingresos de cualquier fuente. Una International Business Company (IBC) (Compañía Internacional de Negocios) constituida bajo las leyes de Belice es una solución perfecta para asegurar su confidencialidad, ya que los servicios de testaferro están permitidos pero ninguna información sobre los directores y accionistas entra en el registro público.
Seychelles
Seychelles es una de las jurisdicciones más buscadas, que ofrece un régimen de bajos impuestos a inversores internacionales y empresarios. Las leyes que regulan el régimen de impuestos de Seychelles y la aplicación de impuestos ofrecen excelentes herramientas para la protección de activos, reducción de impuestos y protección de la privacidad para ambos los individuales y las compañías.
Las Islas Vírgenes Británicas
Las Islas Vírgenes Británicas son un territorio clásico de bajo impuesto. BVI (siglas en inglés: British Virgin Islands) ofrecen una estructura de negocios flexible, bajos requerimientos para reportar y mantener registro y altos niveles de protección de la confidencialidad. El fundamento legal para este estatuto es el BVI Business Companies Act, el cual entró en vigencia en el 2005.
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